El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, alienta a la población a asistir al carnaval de Mazatlán asegurando seguridad, mientras la violencia en el estado sugiere lo contrario. A pesar de detenciones y decomisos reportados por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la protección prometida parece insuficiente frente a la ola de crímenes recientes que ha dejado un saldo de secuestros y asesinatos. La crisis de seguridad, alimentada por la negación del gobernador y una estrategia ineficaz, se mantiene en un entorno donde las estructuras políticas que facilitan el crimen permanecen intactas. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la administración parece más enfocada en manejar superficialmente la violencia que en abordar sus raíces profundas.
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