La defensa de las víctimas de delitos, especialmente aquellos contra la libertad sexual, no debe comprometer el principio fundamental de la presunción de inocencia. Este equilibrio es esencial para asegurar que el sistema legal sea justo tanto para los acusados como para los denunciantes, garantizando la protección adecuada a las víctimas sin vulnerar los derechos fundamentales de los sospechosos.
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