El liderazgo del movimiento político Se Acabó la Fiesta, encabezado por Alvise Pérez, no será objeto de investigación por parte del Tribunal Supremo debido a la no existencia de evidencias suficientes de responsabilidad penal. Esta decisión, adoptada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, se produce en el contexto de un caso judicial centrado en la plataforma de inversiones Madeira Invest Club.
Madeira Invest Club, fundada por Álvaro Romillo, conocido como “CryptoSpain” y vinculado al eurodiputado Alvise Pérez, se encuentra actualmente bajo escrutinio tras la presentación de tres denuncias. Los demandantes acusan a Romillo, junto con otros administradores, de estar implicados en una posible estafa piramidal. No obstante, el juez Calama rechazó la solicitud de remitir la investigación al Tribunal Supremo en el caso de Pérez, aduciendo la falta de pruebas concluyentes que sugieran la comisión de un delito por parte del político.
El auto judicial enfatiza que la simple asociación de un individuo con un posible crimen no es base suficiente para trasladar el caso a instancias superiores, como el Tribunal Supremo. Según Calama, es necesaria una exposición detallada que delimite claramente los hechos y su posible alcance penal.
Simultáneamente, el juez Calama ha aceptado las querellas presentadas por varias organizaciones defensoras de los consumidores, entre ellas, la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Dichas denuncias argumentan que existen indicios sólidos de fraude que podrían constituir un delito de estafa, cuya competencia recaería exclusivamente en la Audiencia Nacional debido a la magnitud y el número de personas perjudicadas.
El bufete Aránguez Abogados, representante de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, estima que las cuantías defraudadas podrían ascender a unos 300 millones de euros, afectando a más de 500 personas. Romillo, promocionado como experto en criptomonedas y elusión fiscal bajo el alias de “CryptoSpain”, habría utilizado estos presuntos conocimientos para captar inversores en la plataforma Madeira Invest Club.
