La elección judicial en México enfrenta controversias, a menos de un mes de realizarse, debido a 26 candidaturas cuestionadas por su idoneidad, de las cuales 18 son señaladas por antecedentes penales. El Congreso, mayoritariamente controlado por Morena, busca eliminar estas candidaturas con el respaldo del INE, argumentando falta de requisitos de reputación y académicos. Figuras como Silvia Delgado, exabogada de Joaquín «El Chapo» Guzmán, se encuentran bajo escrutinio. Las irregularidades en la selección, incluyendo candidaturas con pase automático y promedios académicos insuficientes, han encendido alarmas sobre la legitimidad del proceso. La sociedad civil ha denunciado públicamente estos perfiles, mientras el INE implementa un mecanismo para verificar antecedentes penales, especialmente en violencia de género.
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