El Consejo de Europa ha expresado su profunda preocupación ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir al menos un 25% de la docencia en castellano, considerando que esta medida infringe los compromisos de España según la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. El organismo europeo advierte que esta sentencia no solo afecta a Cataluña, sino también a Baleares y Comunidad Valenciana, donde se teme una reducción del uso del catalán y valenciano en el sistema educativo. El informe destaca la necesidad de que las autoridades españolas tomen medidas para corregir esta situación. Aunque el anterior gobierno de la Generalitat liderado por Aragonès recurrió la sentencia, el nuevo presidente Salvador Illa aún no se ha pronunciado al respecto. No obstante, el acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana subraya la defensa del catalán como lengua vehicular en la educación, sin mencionar directamente la sentencia del TSJC.
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