El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado un paso significativo en la protección y apoyo a la figura del docente con la aprobación del decreto que desarrolla la Ley 3/2021, promulgada el 26 de julio, destinada al Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. Esta medida, que ha sido un objetivo de largo plazo para diversas partes involucradas en la educación, refleja el trabajo realizado desde la Mesa Sectorial y el Consejo Escolar de Andalucía, así como las demandas planteadas por el sector docente durante años.
Una de las principales innovaciones que introduce este decreto es la declaración de los docentes como autoridades públicas, una medida que otorga respaldo legal a su desempeño profesional y, de este modo, su testimonio gozará de presunción de veracidad en situaciones que lo requieran. Además, el decreto contempla procedimientos claros para que los docentes puedan solicitar protección jurídica y acceso a apoyo psicológico gratuito cuando se vean inmersos en situaciones complicadas. Este respaldo legal incluye la asistencia jurídica en juicios que surjan tanto de acciones contra ellos como de demandas que ellos mismos interpongan en defensa de sus derechos frente a amenazas, coacciones o agresiones. También se establece que la Junta de Andalucía se encargará de promover ante la Fiscalía la calificación como atentados a las agresiones e intimidaciones graves dirigidas hacia el profesorado.
Otra de las instancias que se crea con este decreto es la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada Delegación Territorial, que tendrá como misión ofrecer atención e información al personal docente que enfrente situaciones conflictivas. Esta unidad se encargará de gestionar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica, así como de evaluar el grado de conflictividad en el entorno educativo para prevenir problemas futuros.
Además, el desarrollo normativo contempla medidas orientadas a elevar la valoración social de la función docente. Para ello, se implementarán campañas informativas y divulgativas junto con la entrega de premios y distinciones educativas que reconozcan el trabajo y esfuerzo del profesorado.
El alcance de este decreto es amplio y va más allá de los muros de los centros educativos, abarcando también actividades complementarias y extraescolares. Comprende cualquier situación en la que un docente pueda ser objeto de vulneración en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que amenace su integridad física o moral.
Desde ANPE, la defensa de la autoridad del profesorado ha sido considerada un pilar fundamental del proceso educativo. La educación no solo consiste en transmitir conocimientos, sino que también implica establecer relaciones enriquecedoras basadas en la dignidad y en distintas responsabilidades. A pesar de que en las últimas décadas la autoridad del docente ha sido cuestionada, conquistando una connotación negativa en algunos sectores, ANPE ha mantenido firme su postura de que esta autoridad es esencial en un contexto de educación democrática. Su defensa ha sido una lucha constante y, a menudo, solitaria, frente al escepticismo de actores políticos, sociales y sindicales, en un momento histórico en el que muchas agresiones sufridas por docentes quedaban en la impunidad.
La reciente aprobación de este decreto en Sevilla, el 17 de diciembre de 2025, simboliza un reconocimiento hacia el papel fundamental que desempeñan los docentes en la sociedad y es un paso importante en la consolidación de su autoridad y protección.
ANPE-ANDALUCÍA reafirma así su compromiso con la mejora de las condiciones del profesorado y la dignificación de su labor en el ámbito educativo.
Fuente: ANPE Andalucía.
