El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido autorizar al Gabinete Jurídico para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo. Esta normativa, que introduce medidas urgentes para proteger a la infancia y adolescencia en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, ha sido objeto de críticas por parte del gobierno andaluz.
La Junta de Andalucía busca garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto los que van a trasladarse como los que ya son parte del sistema de protección andaluz. La preocupación principal radica en evitar decisiones impuestas que carezcan de los recursos necesarios.
El Real Decreto Ley modifica la Ley Orgánica 4/2000, centrada en los derechos de los extranjeros en España, e integra regulaciones para el traslado de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. Sin embargo, el gobierno andaluz cuestiona la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que fundamenta tal aprobación, esgrimiendo la existencia de mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias de 2022, que argumentan hacen innecesaria esta urgencia.
Asimismo, se cuestiona la extralimitación de competencias del Estado, afirmando que invade competencias exclusivas de Andalucía en protección de menores, vulnerando principios de autonomía y solidaridad al imponer criterios de reparto desiguales. También se critica la falta de claridad y suficiencia financiera del mecanismo para compensar los costos de sobreocupación de menores extranjeros no acompañados, lo cual genera inseguridad jurídica.
Con esta medida, la Junta de Andalucía defiende su autonomía competencial y exige un trato equitativo para todas las comunidades, enfocándose en preservar la dignidad y derechos de los menores, rechazando su tratamiento como simples instrumentos políticos. Además, subrayan la necesidad de una política migratoria consensuada y adecuadamente financiada para evitar el colapso de los recursos de protección, ya operando al límite en Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía.
