El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha ratificado un importante acuerdo alcanzado el pasado 12 de noviembre de 2025 en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral. Este pacto, desarrollado junto con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO, busca la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en el marco de la Ley de Función Pública de Andalucía. Se considera un gran acuerdo institucional que consolida y acelera la modernización de la administración pública andaluza, orientando su gestión hacia una mayor eficacia y servicio a la ciudadanía.
Este acuerdo estratégico está diseñado para marcar el rumbo de los próximos años, alineándose con los desafíos sociales, tecnológicos y económicos que enfrentará Andalucía. Representa la transformación más significativa del empleo público en décadas, estableciendo un marco sólido para avanzar hacia un empleo moderno, estable y motivador en los próximos cinco años. Con un impacto económico de 250 millones de euros, servirá como catalizador para avanzar en objetivos clave en materia de personal, beneficiando directamente a la ciudadanía.
Aparte de fomentar la transformación en la Junta de Andalucía, el acuerdo establece las bases para recuperar la negociación colectiva general, favoreciendo compromisos continuos que mejoren las condiciones laborales y la prestación de servicios públicos. Será aplicable a todo el personal funcionario y laboral de la Administración General, entidades instrumentales del sector público andaluz y, cuando esté estipulado, al personal de la Administración de Justicia.
Entre los puntos destacados, el acuerdo impulsa la implementación de la carrera profesional y un sistema de evaluación del desempeño transparente, que reconocerá el mérito y dedicación del personal de la Junta. Asimismo, establece la base para un futuro decreto regulador de estos conceptos, junto con modernizaciones en el sistema retributivo, que eliminarán desigualdades históricas y reforzarán la coherencia del modelo.
En su ámbito de actuación, el acuerdo se enfoca también en reducir la temporalidad estructural por debajo del 8%, mediante programación de ofertas de empleo público y mecanismos de control para evitar el abuso de contratos temporales. Se reorganizarán los recursos técnicos y sanitarios para la prevención de riesgos y se crearán unidades administrativas compartidas para proyectos estratégicos y necesidades temporales.
El alineamiento con la Ley de la Función Pública de Andalucía y el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023-2030 es claro: avanzar hacia una administración moderna, eficiente y centrada en las personas. Este nuevo enfoque permitirá una gestión pública que actúe como motor económico, atrayendo talento e inversión, y adaptándose a la revolución digital.
El acuerdo también valora el papel crucial del personal público, estableciendo un marco que potencia la motivación, carrera profesional y estabilidad laboral, favoreciendo una mejor atención ciudadana. Contribuirá a cerrar la brecha digital, mejorando la capacidad administrativa para apoyar a personas con menores habilidades digitales.
En conclusión, la modernización de la administración pública andaluza es clave para el desarrollo económico y social de la región, promoviendo una gestión más competitiva y centrada en la ciudadanía. Una vez ratificado por el Consejo de Gobierno, este acuerdo será efectivo un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
