El Gobierno valenciano ha decidido introducir el criterio de arraigo como factor prioritario para acceder a viviendas de protección pública, favoreciendo a quienes tengan una mayor vinculación temporal con el municipio en cuestión, sin importar su nacionalidad. Esta medida, impulsada por la vicepresidenta Susana Camarero, responde a las demandas de alcaldes y vecinos, y se alinea con el modelo de prioridad nacional promovido por Vox, con quien el gobierno ha pactado los presupuestos de 2026. Incluida en el anteproyecto de la ley de acompañamiento a los presupuestos, la iniciativa busca garantizar el acceso justo y controlado a estas viviendas. Además, se han implementado otros cambios para reforzar la transparencia y seguridad en los procesos de adjudicación, destacando la creación de una comisión de valoración para supervisar las adjudicaciones, asegurando un procedimiento claro y equitativo.
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