El magistrado Conde-Pumpido abrió un debate jurídico al cuestionar si un tribunal ordinario en España tiene la capacidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el objetivo de eludir las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC). Esta discusión surge en un contexto de tensiones entre las competencias nacionales y europeas, poniendo en primer plano la complejidad de las interacciones entre los sistemas jurídicos nacionales y el marco legal de la Unión Europea. La controversia reside en la interpretación de los límites de la soberanía judicial y el papel del TJUE como instancia superior en cuestiones de derecho comunitario.
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