El Tribunal Constitucional ha otorgado al Gobierno un plazo de quince días para presentar sus alegaciones en un caso que podría tener implicaciones significativas para el marco legal del país. La decisión se produce en el contexto de una creciente tensión institucional y se considera un movimiento clave para resolver disputas sobre la constitucionalidad de ciertas medidas adoptadas recientemente. Este plazo de dos semanas es esencial para que el Gobierno exponga sus argumentos y defienda la legalidad de sus acciones frente a las demandas presentadas. El resultado de esta confrontación jurídica es esperado con gran atención tanto por los expertos legales como por la opinión pública, a medida que se desarrollan las complejidades del caso.
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El Constitucional Examinará el Recurso de Page sobre el Reparto del Impuesto a la Banca que Favorece a Regiones Más Ricas
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