El Pleno del Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la impugnación de varias disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno, tras evaluar su conformidad con la Constitución. Esta decisión subraya el compromiso del Ejecutivo central con la defensa de la legalidad constitucional frente a normativas regionales que podrían contravenir el marco legal establecido. Las medidas impugnadas habían suscitado un debate significativo sobre el grado de autonomía de las comunidades frente al control estatal, siendo esta resolución un importante precedente en la delimitación de competencias entre ambos niveles de administración.
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