En una reciente declaración, el abogado de los tres mandos de la Guardia Civil, cuyos ascensos fueron anulados, ha afirmado que sus clientes no tienen responsabilidad alguna en el «ilegal proceder de la Administración». Esta defensa busca esclarecer que la revocación de los ascensos no es atribuible a una mala conducta de los oficiales, sino a fallas administrativas. La controversia se centra en decisiones institucionales que han generado un debate sobre la gestión y trasparencia dentro de las estructuras de poder.
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