La exhumación de Francisco Franco, realizada el 24 de octubre de 2019, se destacó como un acto clave organizado por el gobierno de Pedro Sánchez en plena precampaña de las elecciones generales del 10 de noviembre. Con el traslado de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos, el Ejecutivo socialista buscó cumplir con un compromiso democrático pese a las críticas de electoralismo, incluso dentro de la izquierda. La operación, avalada por el Tribunal Supremo, implicó un despliegue logístico y de seguridad con costes para el erario público que inicialmente ascendieron a 63.061 euros, pero incluyeron gastos adicionales no detallados. La controversia se amplificó cuando se descubrió que el PSOE había ordenado un análisis sobre el impacto electoral del evento, alimentando las sospechas de que la maniobra perseguía objetivos políticos más que históricos.
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