La Comisión Europea ha alcanzado un avance significativo en el controvertido plan conocido como «Control de Chats», tras años de intensos debates y revisiones. Este plan, que había suscitado una considerable preocupación debido a sus implicaciones para la privacidad de las comunicaciones, ha visto una modificación crucial. La parte más polémica, que contemplaba la obligatoriedad de escanear mensajes encriptados, ha sido eliminada, aliviando parcialmente los temores de numerosos defensores de los derechos digitales.
Desde su concepción, el plan ha pasado por varias revisiones en el Parlamento Europeo, que ha insistido en salvaguardar los derechos fundamentales, en contraposición al Consejo de la UE, que ha promovido regulaciones más restrictivas, vistas como necesarias por las fuerzas de seguridad. Las presiones para detectar contenido ilegal en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Signal, implicaban una ruptura significativa en la encriptación de extremo a extremo, un cambio que muchos consideraban inaceptable.
Grupos defensores de los derechos digitales, como European Digital Rights (EDRi), han jugado un papel crucial en asegurar que la obligación de escanear mensajes encriptados sea retirada. Sin embargo, a pesar de este progreso, persisten preocupaciones debido a la posibilidad de escaneos «voluntarios» en servicios no encriptados, planteando nuevas amenazas a la privacidad. Mientras que por ahora estas prácticas no son legalmente válidas en la UE, podrían sentar un precedente que limite las opciones de comunicación segura.
El nuevo enfoque también introduce un sistema de mitigación de riesgos, que pide a los proveedores implementar «todas las medidas razonables» para reducir riesgos, incluyendo la verificación de edad. Esto podría transformar radicalmente plataformas de mensajería seguras, desvirtuando su esencia principal de accesibilidad universal sin identificaciones personales.
Esta ambigüedad en la terminología regulatoria genera inquietudes sobre la posible presión ejercida sobre plataformas no encriptadas para realizar escaneos de contenido, a pesar de este ser supuestamente voluntario. La claridad en el lenguaje del reglamento es crucial para prevenir interpretaciones que puedan erosionar los derechos a la privacidad y a la comunicación segura.
Con las negociaciones finales en curso, es imperativo que los legisladores europeos aseguren que la normativa final protege completamente el derecho a la comunicación privada. Se les insta a evitar mandatos intrusivos que puedan comprometer las libertades digitales al imponer verificaciones de edad y sistemas de gestión de riesgos que puedan facilitar la vigilancia. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas determinarán el equilibrio entre la seguridad y la privacidad en la comunicación digital para el futuro inmediato.
