El Tribunal Supremo ha dictaminado que los niños puedan ser inscritos como nacidos en España, con el fin de impedir que sus documentos oficiales reflejen su origen extranjero. Esta decisión busca proteger la privacidad y preservar la igualdad de derechos de los menores, garantizando su integración sin que su lugar de nacimiento les suponga una desventaja o discriminación. La medida ha sido recibida con opiniones divididas, ya que, por un lado, se aplaude su enfoque inclusivo, mientras que, por otro, algunos sectores cuestionan sus implicaciones legales y administrativas.
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