El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una mayoría conservadora, ha concedido una significativa victoria a la administración de Donald Trump al permitir que, a partir del próximo mes, se prohiba la ciudadanía por nacimiento en ciertas regiones del país. Esta decisión no aborda si la Constitución protege este derecho o si Trump tiene la autoridad para eliminarlo, sino que se centra en limitar la capacidad de jueces para bloquear órdenes presidenciales. La Administración Trump argumenta que estas intervenciones judiciales socavan al presidente elegido por la mayoría. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre las implicaciones para la nacionalidad de los niños afectados, y la oposición es fuerte, particularmente entre jueces progresistas y defensores de los derechos de los migrantes. Además, el Supremo ha permitido recientemente la deportación de inmigrantes a terceros países, lo que refleja un enfoque más rígido hacia la inmigración.
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