La administración del expresidente Donald Trump ha diseñado un borrador de orden ejecutiva que podría transformar profundamente la regulación de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos. Este borrador ha provocado fuertes críticas debido a su enfoque controversial y potencialmente dañino hacia las regulaciones estatales. Según el documento, la futura orden se enfocaría en desafiar las leyes que varios estados han establecido para mitigar los impactos adversos de los sistemas de IA, incluyendo instruir a agencias federales para presentar retos legales contra estas regulaciones estatales consideradas «onerosas» por la administración.
Una de las medidas más controvertidas dentro del borrador es la propuesta de restringir la financiación federal a aquellos estados que mantengan leyes protectoras contra los riesgos derivados del uso de la IA. Además, busca establecer una normativa federal que prevalezca sobre las legislaciones estatales en esta materia, lo que podría tener efectos significativos en cómo se maneja el desarrollo y la implementación de la IA en diversas áreas.
El uso desenfrenado de sistemas automatizados de toma de decisiones ha demostrado tener consecuencias discriminatorias en sectores críticos como la vivienda, la atención sanitaria, la aplicación de la ley y el empleo. Estas herramientas han influido negativamente en grupos vulnerables, provocando desigualdades basadas en género, raza y otros atributos. En respuesta, varias legislaciones estatales han surgido, como la Ley de IA de Colorado, que ha sido directamente señalada en el borrador como ejemplo de una regulación excesiva. Sin embargo, esta ley representa un esfuerzo modesto pero crucial para salvaguardar a los ciudadanos de los daños que puede causar un mal uso de la tecnología.
Expertos en la materia expresan su preocupación de que el enfoque de Trump de socavar regulaciones estatales podría amplificar el uso discriminatorio de las tecnologías automatizadas, en vez de corregirlo. La intención de la administración de prohibir que los estados implementen sus propias regulaciones sobre la IA podría frenar cualquier avance significativo para abordar los riesgos asociados con esta tecnología emergente. Estos esfuerzos de la administración resuenan con los intereses de grandes compañías de IA, las cuales han invertido significativamente en cabildeo para contrarrestar las regulaciones estatales, un intento que podría recibir apoyo federal a través de esta orden ejecutiva.
El debate sobre cómo y quién debería regular la inteligencia artificial está en pleno apogeo, situando a la sociedad en un punto crítico donde el futuro de la protección contra los riesgos asociados a la IA pende de un hilo. A medida que se intensifican las discusiones, el resultado de estas medidas políticas proporcionará un indicio importante del camino que tomará Estados Unidos en la gestión de la inteligencia artificial en los años venideros.
