El Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre el registro efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO), en el marco de una investigación que está levantando preocupaciones respecto a una posible vulneración de derechos fundamentales. Este proceso judicial ha captado la atención por el debate sobre la legalidad y las implicaciones de las prácticas de investigación realizadas. La decisión del Supremo será crucial para determinar la legalidad y el alcance de los procedimientos llevados a cabo por esta unidad, y podría sentar precedentes respecto a la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales en el contexto de las investigaciones judiciales en España.
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El Fiscal General ajusta su estrategia para buscar respaldo en el Tribunal Constitucional liderado por Conde-Pumpido
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