Las principales compañías del sector deberán afrontar las consecuencias económicas derivadas de las actividades ilícitas de operadores fraudulentos, quienes han sido desactivados recientemente por el Gobierno. Esta situación impone un costo adicional a estas empresas, que ahora deben asumir estas cargas a modo de derrama. El impacto de esta medida llega en un momento complicado, amenazando con socavar el mecanismo clave de eficiencia que ha caracterizado al sector, lo que podría alterar tanto sus finanzas como su operatividad en un entorno ya de por sí exigente.
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