El Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, ha declarado un estado de emergencia económica, social y ecológica en varios departamentos del país, incluyendo Córdoba y La Guajira, debido a graves inundaciones que han afectado a más de 154,000 personas. El decreto 150 de 2026, firmado por todos los ministros del gabinete, autoriza al Ejecutivo a tomar medidas sin pasar por el Congreso, en respuesta a una crisis que ya se había anticipado. Entre las posibles acciones está la creación de nuevos impuestos temporales para financiar la atención de emergencia y otras ayudas a las familias afectadas. Esta emergencia se diferencia de una anterior que fue suspendida por la Corte Constitucional y responde a eventos climáticos adversos e inesperados. La medida busca abordar efectivamente esta crisis, mientras se espera que los magistrados revisen la legalidad del decreto actual.
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