El Gobierno admitió ante el Tribunal Supremo no haber evaluado la protección de menores solicitantes de asilo en Canarias, a pesar de una orden previa que lo obligaba a encargarse de más de mil menores debido al hacinamiento en los centros de acogida. En una vista pública, representantes del Ejecutivo central alegaron falta de recursos y documentación, mientras que el gobierno canario negó estos retrasos. Las discrepancias entre ambas administraciones son evidentes, especialmente en el número de menores afectados. La vista reveló que ninguno de los menores ha sido integrado en el sistema estatal de acogida debido a requisitos administrativos. A pesar de la presión judicial y las críticas de los abogados canarios, los funcionarios centrales se han justificado afirmando que los menores ya tienen sus necesidades básicas cubiertas en centros autonómicos, lo que, según su criterio, les excluye del sistema estatal. La situación refleja una falta de coordinación y cumplimiento en la ejecución del auto dictado por el Supremo.
Leer noticia completa en El Pais.