El Gobierno andaluz ha anunciado un avance significativo en la creación de una justicia accesible mediante la implementación de un innovador proyecto que incorpora facilitadores profesionales en todas las provincias de Andalucía. Esta iniciativa se integra dentro del Plan de Humanización de la Justicia, con la meta de asegurar la plena participación de las personas con discapacidad en el sistema judicial, eliminando las barreras tanto físicas como cognitivas que a menudo enfrentan.
Recientemente, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de este proyecto piloto que contempla el Servicio de Experto Facilitador. Este servicio tiene como fin acompañar a personas con discapacidad durante los procesos judiciales, ya sea en calidad de testigos, víctimas, investigados o incluso como operadores jurídicos. De esta manera, el Gobierno de Juanma Moreno refuerza su compromiso con una justicia accesible, donde se garantizan la comprensión y la comunicación efectiva como derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Los facilitadores son profesionales capacitados en accesibilidad y ajustes de procedimiento, cuyo objetivo principal es asegurar que las personas con discapacidad comprendan cada fase del proceso judicial y puedan expresar adecuadamente sus declaraciones o decisiones. Esta figura es esencial para avanzar hacia una justicia que se base en la equidad y la inclusión, permitiendo que todas las personas, sin distinción, puedan acceder y participar plenamente en el sistema judicial.
Según ha expresado la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, este servicio responde a una necesidad creciente en el ámbito judicial andaluz y se espera que se consolide con rango normativo a través de un decreto que actualmente está en preparación. Mientras tanto, el proyecto piloto servirá para evaluar su viabilidad, costos y posibles mejoras.
Desde el inicio de este mes, los órganos judiciales de las ocho provincias andaluzas tienen la capacidad de solicitar la presencia de un facilitador cuando alguna persona involucrada en el procedimiento presente una discapacidad. La activación de este mecanismo varía en función del rol que desempeñe la persona en el proceso; si es víctima, su caso será derivado al Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), mientras que en otros casos intervendrá la entidad adjudicataria correspondiente.
Las entidades encargadas de prestar este servicio durante el piloto son Plena Inclusión Andalucía en varias provincias, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) en Almería, y el Colegio Oficial de Trabajo Social en Sevilla. Para este nuevo programa, el Gobierno ha destinado un presupuesto inicial de 144.000 euros, con contratos de un año que son prorrogables, lo que demuestra un claro compromiso con una justicia que prioriza la inclusión y modernización de la Administración judicial.
Esta iniciativa se suma a otras acciones que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz a favor de una justicia accesible. En 2023, se impulsó un servicio de traducción a lectura fácil de documentos judiciales, permitiendo a los jueces adaptar el lenguaje técnico a un formato que sea comprensible para aquellos con dificultades de comprensión. Este paso fue reconocido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que subraya la calidad y la necesidad de estas políticas públicas.
Los facilitadores no solo acompañan a las personas con discapacidad, sino que también evalúan sus necesidades individuales y aplican los ajustes necesarios para garantizar una participación activa en igualdad de condiciones. Esto incluye asegurar que el proceso judicial sea explicado en un lenguaje claro y accesible, y que se adapten los tiempos, espacios y modalidades de comunicación.
El perfil de los profesionales que ejercerán como facilitadores incluye titulados en Psicología, Derecho, Trabajo Social, Educación Social, Criminología, Terapia Ocupacional y Logopedia, quienes deberán contar con formación específica en accesibilidad y estar libres de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
El proyecto piloto supone una transformación crucial del modelo judicial andaluz, alineándose con los principios de equidad y no discriminación. A través de esta medida, el Gobierno de Juanma Moreno busca ofrecer una visión más humana y cercana de la justicia, en consonancia con los estándares europeos en materia de accesibilidad.
Con este tipo de iniciativas, Andalucía se posiciona como un referente a nivel nacional en la implementación de medidas que hacen de la justicia accesible una realidad palpable. La eliminación de las barreras que impiden a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos es no solo una obligación constitucional, sino también un deber ético.
La puesta en marcha de este servicio consolida el liderazgo del Gobierno andaluz en políticas públicas de inclusión y modernización de la justicia, y a la espera de su regulación definitiva por decreto, el sistema de facilitadores se perfila como una herramienta esencial para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Fuente: Partido Popular Andalucía
