El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley, promovido por el Gobierno, que establece un mecanismo de reubicación de menores migrantes no acompañados en Canarias y Ceuta. Tras un arduo proceso de un año y medio de negociaciones y enfrentamientos políticos, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha logrado el respaldo necesario gracias al apoyo de Junts. Este decreto, calificado por Torres como «mejor» y «distinto» al anterior, activa un sistema de solidaridad territorial que se aplicará a todas las comunidades y ciudades autónomas en situaciones de contingencia migratoria. Aunque el decreto fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo, su implementación se vio retrasada a la espera de información de las comunidades autónomas, algunas de las cuales no han aportado los datos necesarios. La ministra Sira Rego estima que el traslado pueda comenzar «a partir del verano», centrándose en los derechos de los niños. Sin embargo, el decreto enfrenta resistencia, con seis comunidades llevando el recurso al Tribunal Constitucional. Mientras el PP y Vox critican la medida por considerarla un «parche» y una «cesión» a Junts, este acuerdo ha sido crucial para la aprobación de la reforma de la ley de extranjería.
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