Pedro Sánchez, antes de su llegada al poder, hizo un compromiso claro con la ciudadanía: asegurar la independencia de los órganos regulatorios. Esta promesa se enmarca en un contexto de creciente demanda social por una gestión pública más transparente y libre de influencias políticas indebidas. Desde el inicio de su mandato, la administración ha enfrentado críticas y escepticismo sobre su capacidad para cumplir con este objetivo, mientras trata de equilibrar las presiones de diferentes sectores políticos y económicos que buscan mantener su influencia en estas instituciones clave.
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