El Gobierno español avanza en el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, desoyendo las crecientes demandas de prolongar la vida útil de las plantas nucleares. Enresa, la empresa estatal de residuos radioactivos, ha iniciado el proceso de contratación de servicios de ingeniería para este propósito por un valor de 23,7 millones de euros. Este movimiento se alinea con el calendario de cierre nuclear acordado en 2019, que estipula el apagón total entre 2027 y 2035. Mientras tanto, empresas propietarias como Iberdrola, Endesa y Naturgy, así como sectores del Partido Popular y algunos cercanos al PSOE, abogan por reconsiderar la clausura y permitir una operativa más prolongada de las plantas, sugiriendo incluso una prórroga de una década. La situación se complica con una propuesta de ley por parte del PP en el Congreso, que busca extender la operación de las nucleares en España.
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