La transición política en Chile enfrenta tensiones tras la elección de José Antonio Kast como presidente. El conflicto surge por el artículo 14 del protocolo de reajuste del sector público, firmado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que limita el despido arbitrario de funcionarios a contrata. La derecha chilena ve esta medida como un intento del gobierno saliente de Gabriel Boric de perpetuar su influencia asegurando cargos, calificándola de «ley de amarre». Kast prometió recortar la burocracia, lo que amplifica la discordia sobre la estabilidad laboral de unos 33 mil empleados contratados durante el mandato de Boric. Aunque la oposición critica esta norma como un impedimento para la modernización estatal, las negociaciones sobre el futuro de estos funcionarios continúan siendo discutidas en el Congreso. El debate pone de manifiesto las tensiones en la transición de poder y la gestión de la administración pública en el país.
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