El Gobierno de Cantabria ha ejercido su derecho de rectificación respecto a un artículo publicado el 19 de marzo de 2026 que sostenía que la adquisición de una propiedad en Castro Urdiales por 625.000 euros para alojar a menores generó un sobrecosto de 200.000 euros. La administración cántabra aclara que el precio pagado se ajustó al solicitado por los vendedores, conforme a las tasaciones de mercado realizadas por personal técnico del gobierno, desmintiendo así la existencia de cualquier irregularidad en la transacción.
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