La Comunidad de Madrid enfrenta un creciente número de indemnizaciones a médicos de atención primaria debido a la falta de un plan de prevención de riesgos laborales, una situación que ha desembocado en demandas desde 2019. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la Consejería de Sanidad a compensar con 8.000 euros a una médica que atendió hasta 64 pacientes en un solo día, al considerar vulnerado su derecho a la integridad física y psíquica. A pesar de que la Consejería argumentó prescripción y menor gravedad, el tribunal sostuvo que la omisión de la región constituye una violación significativa de derechos fundamentales. Los sindicatos, encabezados por Amyts, amplían su lucha legal con una demanda colectiva que exige indemnizaciones millonarias por la persistente carencia de un plan adecuado. La Consejería afirma que dicho plan existe desde 2019, pero ha citado la pandemia como causa de retraso en su implementación, mientras que los sindicatos rechazan esta afirmación, apoyándose en las resoluciones judiciales favorables a los médicos.
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