La semana pasada, una juez federal detuvo temporalmente la decisión del Gobierno de impedir que un centro educativo matricule estudiantes extranjeros. Esta medida judicial supone un revés para la política migratoria del Ejecutivo, permitiendo al centro continuar con su proceso de inscripción mientras se resuelve el caso en los tribunales. La decisión se enmarca en un contexto de creciente debate sobre las políticas de inmigración y educación, generando reacciones diversas entre las partes involucradas.
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