El Gobierno de Trump se enfrenta a críticas por no cumplir con la orden de una jueza de distrito de Maryland de informar cómo devolvería a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error. La jueza Paula Xinis había exigido detalles sobre los pasos para su regreso después de que el Tribunal Supremo respaldara su fallo que calificaba de «ilegal» la deportación, al haber sido un «error administrativo». Aunque el Gobierno ha reconocido el fallo, se niega a iniciar gestiones para el retorno, argumentando que Ábrego ya está bajo custodia en El Salvador. Mientras tanto, se debate el alcance de términos como «facilitar» y «efectuar» en las órdenes judiciales, lo que agrava las tensiones entre la Administración y el poder judicial. Ábrego, quien no tiene antecedentes penales y vivía en Maryland, fue deportado junto a otros migrantes sin órdenes judiciales, lo que ha intensificado las críticas sobre la política migratoria de Trump.
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