El Gobierno ha defendido las acciones judiciales que ha emprendido en el caso Begoña, en el que se investiga a la esposa del presidente por varios delitos, justificando estos movimientos como una defensa de los intereses del Estado. En respuesta a una pregunta de Vox en el Congreso, el Ejecutivo sostuvo que los ataques al juez Juan Carlos Peinado son parte de su estrategia. Óscar López, ministro para la Transición Digital, criticó al PP y a Vox, afirmando que el caso es una construcción política. A pesar de que el Ejecutivo asegura respetar la independencia judicial, ha presentado querellas contra Peinado, rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que no había fundamento en las acusaciones de prevaricación. Begoña Gómez está imputada por delitos relacionados con contratos públicos y un software de la Universidad Complutense, aunque ella afirma que sus acciones fueron conocidas y aprobadas por la institución.
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El Gobierno defiende su postura frente al juez en el caso de Begoña Gómez como una protección de los intereses estatales
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