El Gobierno discrepa con la condena al fiscal, pero procederá con un nuevo nombramiento

El Gobierno español ha expresado su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general, Álvaro García, a dos años de inhabilitación, aunque ha mostrado respeto oficial por el fallo y anunciado que se nombrará un nuevo fiscal. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, instó a la calma y a no desconfiar de las instituciones mientras transmitió el descontento del Ejecutivo, que considera la condena una grave injusticia. Sumar, socio minoritario del Gobierno, calificó el fallo como un «golpe judicial» y criticó la sentencia por basarse en pruebas débiles. Otras formaciones políticas reaccionaron divididamente, con partidos como Vox demandando elecciones inmediatas y figuras de la izquierda denunciando una manipulación política. El entorno del presidente Pedro Sánchez califica el caso como un choque con el poder judicial, especialmente dada la fecha de anuncio coincidiendo con un aniversario de significación democrática.

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