El Gobierno Federal Solicita Transparencia de SNAP, pero Omite Detalles sobre la Seguridad de los Datos

En un movimiento que ha suscitado crecientes preocupaciones sobre la privacidad de datos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha emitido una orden para que los directores de las agencias estatales de los Programas de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) entreguen información detallada sobre los beneficiarios. La orden forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno, impulsado por la administración Trump, para obtener acceso total a datos federales financiados, en virtud de la Orden Ejecutiva 14243.

Aunque el objetivo declarado es reducir el fraude, la amplia redacción de la orden ha generado inquietud, ya que podría permitir el intercambio de datos sin restricciones. Este enfoque genera tensiones con las normas establecidas de privacidad y expone a los beneficiarios a posibles riesgos. En respuesta, grupos de usuarios de SNAP y organizaciones civiles han interpuesto demandas para intentar frenar esta orden. Además, el estado de Nuevo México se ha opuesto a la solicitud del USDA, declarando preocupaciones legales sobre la demanda de información.

Hasta ahora, las autoridades federales no han aclarado cómo planean utilizar estos datos. Dado que el programa SNAP beneficia a poblaciones vulnerables, incluyendo solicitantes de asilo y refugiados, existe el temor de que los datos se compartan con agencias de inmigración, afectando potencialmente a hogares con miembros indocumentados.

La confidencialidad es crucial en los programas que proporcionan apoyo vital, como SNAP, diseñado para garantizar el acceso a alimentos. El miedo a que los datos personales puedan ser mal utilizados desalienta a los elegibles de inscribirse, socavando los objetivos del programa de reducir la inseguridad alimentaria y mejorar la salud comunitaria.

Este caso refleja un problema más amplio sobre los derechos digitales en el contexto del intercambio de datos gubernamentales. Es vital que el USDA y otras agencias aseguren que los programas de apoyo no se utilicen como herramientas de control, y que el acceso a la asistencia alimentaria no traiga consecuencias negativas para quienes la necesitan.

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