El sonido del teléfono en España se ha transformado en un recordatorio molesto para muchos ciudadanos, al convertirse en el medio perfecto para ofertas indeseadas y intentos de fraude. En respuesta a esta creciente preocupación, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una iniciativa, presentada el 4 de febrero de 2026, que promete cambiar la dinámica del mercado de las telecomunicaciones y ofrecer un respiro a los usuarios acosados por el telemarketing. La propuesta determina que todas las llamadas comerciales deben iniciar con el prefijo 400, una acción destinada a identificar fácilmente este tipo de comunicaciones y otorgar a los consumidores el poder de decisión.
La medida, sometida actualmente a trámite de audiencia pública, consiste en asignar a todas las llamadas comerciales un rango de nueve dígitos que comience por 400. Esta estrategia busca no solo proveer a los usuarios una forma sencilla de identificar y potencialmente bloquear dichas llamadas, sino también reforzar su protección frente a posibles fraudes. Además, se asegura que el coste de estas llamadas no debe exceder al de una llamada común, evitando con ello la creación de números especiales ocultos que generen gastos inesperados para el consumidor.
Paralelamente, la propuesta regula las llamadas de atención al cliente, restringiéndolas a números cortos, gratuitos 800/900 o geográficos, de forma que estas también sean fácilmente reconocibles, eliminando así oportunidades para el fraude y malentendidos. Además, se ha establecido que no se podrán vender productos ni servicios en estas comunicaciones, un esfuerzo por separar la atención genuina de las tácticas de venta disfrazadas.
Esta normativa prevé que, una vez que las nuevas reglas estén operativas, los operadores bloquearán cualquier llamada que no cumpla con las nuevas especificaciones si están etiquetadas como comerciales o de atención al cliente, obligando a las empresas a adaptarse en un plazo de cuatro meses. De cara a la ciudadanía, se habilita además la denuncia a organismos como la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC en caso de recibir llamadas que desobedezcan esta normativa.
Estas resoluciones no emergen del vacío. En realidad, son parte de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) aprobada en diciembre de 2025, que requiere que el consentimiento del usuario para recibir llamadas comerciales sea expreso y renovado cada dos años. El plan también se inscribe dentro de una estrategia más amplia de prevención del fraude telefónico vigente desde marzo de 2025, durante la cual se bloquearon millones de llamadas y mensajes dirigidos a engañar al receptor.
La introducción del prefijo 400 complementa esta estrategia, brindando un identificador claro para las llamadas comerciales y colocando a los consumidores en una posición de mayor poder y control sobre sus comunicaciones. Con estas medidas, se espera que el acto de responder a una llamada en España vuelva a ser una actividad libre de sobresaltos y, especialmente, indeseada.
