El Gobierno español, a través de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Acompañamiento de la Comunidad Valenciana, que según el Ejecutivo restringe los derechos de las personas LGTBI+. Esta ley, aprobada por el PP valenciano con el apoyo de Vox, ha sido objeto de críticas al permitir falsas terapias de conversión, prohibir que los colegios aborden la diversidad sexual y restringir el cambio de género en menores. La decisión del Gobierno es vista como una respuesta a lo que consideran un uso inmoral de los derechos LGTBI+ como moneda de cambio en acuerdos presupuestarios con la extrema derecha. La Federación Estatal LGTBI+ celebra la acción del Gobierno como un paso para frenar las medidas regresivas que han surgido en varias regiones de España, paralelas a otras reformas promovidas por el PP en Madrid que también enfrentan oposición constitucional. La comunidad LGTBI+ y el gobierno afirman su compromiso con una sociedad democrática e igualitaria, oponiéndose a lo que consideran una ola reaccionaria en expansión.
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