El Ministerio de Función Pública ha iniciado el procedimiento para reducir la jornada laboral de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) a 35 horas semanales, según informó en una reciente reunión con UGT y CCOO. Esta medida, parte de un acuerdo salarial firmado para 2022-2024, había estado retenida, generando descontento entre los sindicatos, quienes demandaban su aplicación tras constatar su implementación en comunidades autónomas y grandes ayuntamientos. Función Pública planea discutir la modificación con directivos de personal y luego negociar detalles con los sindicatos en la Mesa General de la Administración del Estado. Sin embargo, la aplicación del recorte podría retrasarse hasta la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado, que enfrentan dificultades debido a la falta de apoyo parlamentario.
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