El Ministerio para la Transición Ecológica impugnará ante la Comisión Europea la decisión de algunas comunidades del norte de volver a cazar lobos, tras ser excluidos de la lista de máxima protección en España. Basado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que prohíbe la caza si la especie está en situación desfavorable en cualquier parte del país, el Gobierno presentará un censo que muestra un aumento del 12% en las manadas, aunque sigue por debajo del umbral recomendado para su viabilidad. Las comunidades deberán asumir los costes de los daños a ganaderías, aunque el Gobierno central mantendrá un presupuesto de 20 millones de euros sin destinar ya a compensaciones. Esta normativa prevalece sobre la enmienda que redujo la protección del lobo.
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El Gobierno lleva a la UE la controversia por la caza de lobos tras un aumento del 12% en su población desde 2019
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