El Gobierno español ha asignado más de 38,4 millones de euros a una empresa dirigida por Salvador Urquía Grande para gestionar alquileres de viviendas públicas, pese a su asociación previa con Victor de Aldama en un polémico caso de suministros médicos durante la pandemia. A través de la empresa pública Casa 47, se adjudicaron contratos a una UTE integrada por Serveo Servicios S.A.U. y Factoría Gestión y Consultoría, S.L., beneficiando a Urquía con 16 millones de euros para gestionar propiedades en la Comunidad Valenciana y Murcia, y otros 22 millones para alquileres en varias regiones, abarcando más del 57% del contrato total. Las empresas de Urquía ahora son responsables de gestionar miles de viviendas públicas, exceptuando las de Asturias, Galicia, Navarra y el País Vasco.
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