El panorama fiscal de la economía digital está en pleno proceso de transformación, y los cambios recientes aprobados por el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) y el Tesoro estadounidense son un claro ejemplo de ello. Estas reformas, que afectan a las multinacionales tecnológicas, proveedores de infraestructura y empresas que ofrecen servicios en la nube a nivel internacional, buscan clarificar la compleja cuestión de dónde se genera el ingreso en el marco de transacciones digitales distribuidas globalmente.
A partir del 14 de enero de 2025, una normativa final entrará en vigor con el objetivo de delinear dos tipos de transacciones principalmente: las transacciones en la nube y las transacciones de contenido digital. Este enfoque separa la provisión de servicios accesibles bajo demanda ―como el uso de infraestructura remota― de la transferencia de contenido digital, lo cual afecta directamente su caracterización fiscal. Así, el Tesoro y el IRS estipulan que las transacciones en la nube deben ser tratadas como prestación de servicios.
Una novedad notable en esta normativa es la introducción de la «prueba del carácter predominante», un criterio que redefine cómo clasificar productos que integran múltiples elementos. Esta prueba estipula que una transacción debe categorizarse según el beneficio principal que recibe el cliente, limitando así las estrategias que buscan fragmentar el ingreso para favorecer ciertas clasificaciones impositivas.
El verdadero desafío, sin embargo, radica en una propuesta para determinar la parte del ingreso por servicios en la nube que se considera de origen estadounidense. En lugar de focalizarse en la ubicación del cliente o del contrato, la propuesta sugiere una fórmula que basa esta determinación en tres factores: los activos intangibles, el personal involucrado en la prestación del servicio, y los activos tangibles utilizados en la operación. A través de este enfoque, se mediría la proporción atribuida a EE. UU. de estos componentes para aplicar la misma proporción al ingreso bruto, todo ello con medidas integradas para prevenir abusos.
Para las empresas tecnológicas internacionales, esta nueva normativa implica una transición hacia un modelo donde la fiscalidad sigue la ubicación del personal, la infraestructura y la propiedad intelectual. Esto representa un ajuste crucial para las compañías que prestan servicios en la nube a clientes estadounidenses, ya que deberán reevaluar dónde se ubican las partes críticas de sus operaciones y demostrar con trazabilidad cómo y dónde se desarrollan y operan sus servicios.
A medida que 2026 se acerca, la atención se centra en dos aspectos: los cambios ya vigentes en 2025 y los elementos propuestos aún en discusión que podrían redefinir la planificación y estructura de las empresas en el panorama fiscal internacional. La normativa propuesta, especialmente en su enfoque de «sourcing» combinado de activos intangibles, personal y tangibles, podría generar ajustes sustanciales en las estrategias fiscales, si finalmente se aprueba.
Para las empresas, el desafío no se trata simplemente de determinar cuánto pagar en impuestos, sino de demostrar con claridad y consistencia dónde se crean y operan sus servicios, para lo cual deberán revisar minuciosamente su huella operativa y asegurar documentación coherente sobre su infraestructura y activos intangibles.
