El Gobierno español ha implementado un real decreto para regularizar a cerca de 800.000 migrantes que residen y trabajan en el país, omitiendo el paso por el Parlamento, lo que ha suscitado críticas por parte del juez Jaime Lozano. En el programa «Código 10» de Cuatro, Lozano cuestionó la legalidad de esta medida, argumentando que socava la ley orgánica de extranjería al introducir un permiso inexistente en la legislación actual. El magistrado señaló que el decreto elimina requisitos esenciales como el contrato de trabajo y permite tramitar solicitudes con órdenes de expulsión, calificándolo de «globalmente ilegal». Lozano abogó por la modificación legislativa como vía adecuada para proceder, subrayando que la decisión del Ejecutivo excede sus competencias, lo que ha generado una controversia jurídica significativa.
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