El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona ha dado un paso significativo al admitir a trámite los incidentes de nulidad interpuestos por Cloudflare y la comunidad de ciberseguridad RootedCON. Ambas entidades buscan anular una sentencia que otorga a LaLiga y Telefónica el poder de ejecutar bloqueos masivos de IPs y dominios vinculados a emisiones ilegales de partidos de fútbol.
La sentencia actual permite a LaLiga y Telefónica ordenar el bloqueo de hasta 123 dominios y direcciones IP, acusados de retransmitir ilegalmente partidos. Sin embargo, tanto Cloudflare como RootedCON argumentan que estas acciones son indiscriminadas y afectan a terceros que no tienen participación en dichas actividades ilegales. Cloudflare, pionera en esta batalla legal, presentó un incidente de nulidad bajo el argumento de que LaLiga omitió informar al juzgado de los posibles perjuicios a terceros y al interés público. Aunque el juzgado ha acogido su solicitud, LaLiga y Telefónica han respondido con una oposición formal.
No se trata solo de una cuestión de derechos de retransmisión, sino de un debate más amplio sobre la proporcionalidad y el impacto de estas medidas en derechos fundamentales. El abogado Javier A. Maestre, en representación de RootedCON y otros afectados, ha presentado evidencia pericial del daño causado a actores no involucrados en la piratería deportiva.
Con la admisión de estos incidentes de nulidad, el juez se ve en la obligación de revisar las medidas de bloqueo, evaluando si se ajustan a la ley y respetan los derechos fundamentales. Las opciones son variadas: el juez podría clarificar la ejecución de los bloqueos para paliar daños a terceros, demandar garantías adicionales de supervisión a LaLiga y Telefónica, o incluso rechazar las nulidades pero sugerir correcciones en la aplicación de los bloqueos.
Este caso resalta la necesidad de equilibrar la defensa de los derechos de autor con la protección de derechos digitales fundamentales y evitar efectos dañinos en la infraestructura de Internet. En un mundo cada vez más interconectado, las decisiones judiciales en torno a estas cuestiones marcarán el futuro de la gestión y regulación del ciberespacio y sus implicaciones sobre el acceso a la información y la libertad digital.
