El reciente auto del Juzgado de Instrucción ha determinado el archivo del procedimiento en cuestión, señalando que «no ha quedado justificada la perpetración del hecho punible». Esta decisión se produce en un contexto en el que la empresa ya enfrenta otras sanciones. En particular, se ha impuesto una multa de 8.000 euros a la compañía por haber limitado el acceso del secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba a sus instalaciones. Esta acción se llevó a cabo en un intento de impedir que el asesor del comité de empresa pudiera realizar su trabajo adecuadamente.
Además de estas sanciones, la Inspección de Trabajo ha iniciado un expediente de sanción contra la empresa por el cierre injustificado de la fábrica, lo que podría acarrear más consecuencias legales y administrativas para la organización. Este escenario refleja un panorama complicado para la empresa, que se encuentra bajo la lupa de las autoridades laborales y judiciales, mientras enfrenta relevantes cuestionamientos sobre su gestión interna y relaciones laborales.
Fuente: CCOO Andalucía.
