La investigación sobre presunta corrupción en la venta de mascarillas ha complicado significativamente el panorama judicial para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía lo acusa de defraudar más de 350,000 euros durante 2020 y 2021 mediante el uso de facturas falsas para reducir el pago del Impuesto de Sociedades de su empresa, Maxwell Cremona.
Sin embargo, la situación ha empeorado debido a la apertura de una nueva línea de investigación que explora posibles delitos de corrupción en la compra-venta de mascarillas. Esta nueva pieza judicial amenaza con desmoronar el acuerdo que González Amador estaba negociando para evitar la cárcel, ya que podría enfrentar nuevos cargos.
La presión para ampliar la investigación ha sido impulsada por el PSOE y Más Madrid, quienes argumentan que González Amador podría haber usado estas operaciones como una estrategia para obtener comisiones que superarían los dos millones de euros. Aunque al principio la jueza se mostró reacia, finalmente accedió a abrir una pieza separada para examinar estas acusaciones más a fondo.
Esta ampliación no impide que González Amador firme el acuerdo por el caso de fraude fiscal; no obstante, si se confirman las sospechas de corrupción, su situación legal podría complicarse considerablemente, agregando penas judiciales a su cuenta. A pesar de no tener antecedentes y de estar dispuesto a cumplir con las demandas fiscales, una sentencia por corrupción podría incrementar sus posibilidades de entrar en prisión.
El futuro legal de González Amador es, por ahora, incierto. La combinación de su situación fiscal con las acusaciones de corrupción pone al empresario en un contexto complicado, donde podría enfrentar consecuencias penales significativas. Con el avance de la investigación, se mantienen las expectativas sobre el impacto que esto podría tener en su trayectoria judicial en los próximos meses.
