La Unión Europea ha alcanzado un logro significativo en su esfuerzo por mejorar la seguridad de los pagos digitales y proteger a los consumidores mediante un acuerdo político sobre el Reglamento de Servicios de Pago (PSR) y la Tercera Directiva de Servicios de Pago (PSD3). Este pacto, alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo, busca crear un sector de pagos más abierto, competitivo y seguro, promoviendo la transparencia en las comisiones y facilitando el acceso al efectivo, particularmente en áreas rurales.
Las nuevas regulaciones imponen mayores responsabilidades a los bancos y proveedores de servicios de pago. Si un proveedor no aplica medidas adecuadas de prevención de fraude, se verá obligado a asumir las pérdidas del cliente. Entre las innovaciones se incluyen la verificación de la coincidencia entre el nombre del beneficiario y el número de cuenta antes de ejecutar transferencias, el uso obligatorio de autenticación reforzada, evaluaciones de riesgo, y la posibilidad para los usuarios de establecer límites de gasto y bloqueos preventivos. Además, si un estafador logra iniciar o modificar una operación, esta será considerada no autorizada y el proveedor deberá reembolsar el importe íntegro al cliente.
Un problema creciente en Europa es la suplantación de identidad, donde estafadores se hacen pasar por empleados bancarios para engañar a los clientes. Bajo el nuevo acuerdo, si un cliente es víctima de suplantación y denuncia el caso a la policía, el proveedor de servicios de pago deberá reintegrar la totalidad del importe defraudado, un avance significativo respecto a situaciones previas donde la responsabilidad recaía en el usuario.
Las plataformas online y las grandes tecnológicas también tendrán un mayor control. Si una plataforma no retira contenido fraudulento, como anuncios de servicios financieros falsos, deberá indemnizar al proveedor de pagos que haya reembolsado al cliente. Los anunciantes deberán demostrar que están autorizados legalmente para operar, añadiendo una capa adicional de seguridad.
Otro aspecto crucial del acuerdo es la transparencia en las comisiones y la conversión de divisas. Los usuarios deberán conocer todas las comisiones antes de realizar un pago, incluyendo los costes de conversión de moneda y comisiones fijas por retiradas en cajeros automáticos no pertenecientes a su banco, reduciendo así los cargos ocultos.
A pesar del auge de los pagos digitales, el efectivo seguirá siendo una opción viable. Los comercios podrán ofrecer retiradas de efectivo sin necesidad de compra, con un importe máximo de 150 euros por retirada y un mínimo de 100 euros, beneficiando a los habitantes de zonas rurales con escasos accesos a servicios bancarios.
El impulso al «open banking» también es relevante. La UE busca abrir el mercado a nuevos actores, facilitando la entrada de servicios de información de cuentas e iniciación de pagos, y evitando la discriminación por parte de entidades financieras tradicionales. Los usuarios dispondrán de herramientas para gestionar y controlar el acceso de terceros a sus datos.
Las normas establecen procesos de autorización más sencillos para nuevas entidades de pago y promueven la resolución de conflictos y la atención al cliente, garantizando que los consumidores tengan acceso a asistencia humana y educación financiera para evitar fraudes.
Este acuerdo es solo el comienzo. Las instituciones deberán aprobar formalmente los textos y publicarlos en el Diario Oficial de la UE para que las normas entren en vigor, marcando así un paso firme hacia menos fraude, menos letra pequeña y más competencia en los servicios de pago, en un contexto donde la digitalización y los nuevos actores tecnológicos transforman el panorama financiero en Europa.
