El Parlament de Catalunya ha decidido presentar un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que anuló la exigencia del nivel B2 de catalán para chóferes del Parlament, argumentando que se trata de un asunto con fundamentos políticos más que jurídicos. Josep Rull, presidente de la Cámara, ha manifestado su compromiso de modificar los Estatutos de régimen y gobierno interior para fortalecer su postura. Rull advierte que esta decisión judicial podría ocasionar inseguridad jurídica para la Generalitat y destaca la ironía de que la justicia, a menudo criticada por no emitir suficientes resoluciones en catalán, acuse al Parlament de vulnerar derechos lingüísticos. Paralelamente, la CUP ha instado a tomar medidas contra el diputado de Vox, Rafael Villafranca, por comentarios ofensivos en un reciente pleno, lo que ha sido admitido a trámite por la Mesa del Parlament.
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