El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado la importancia de la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), aprobada recientemente en el Parlamento andaluz. Según Gómez Villamandos, esta nueva normativa representa un avance crucial para posicionar a la comunidad autónoma como un referente en conocimiento, talento y desarrollo a través del ámbito universitario.
Durante su intervención, el consejero agradeció la colaboración de diversos actores en la elaboración de la LUPA, incluyendo rectores, consejos sociales, estudiantes y organizaciones tanto empresariales como sindicales. Destacó que la nueva ley ha sido fruto del consenso y cuenta con más de 60 aportaciones surgidas de debates parlamentarios.
La LUPA tiene como propósito fomentar el desarrollo regional con un enfoque multisectorial, potenciando el talento, generando oportunidades y convirtiendo el conocimiento en empleo, innovación y cohesión territorial. Además, facilitará que las universidades de Andalucía desplieguen todo su potencial, reconociendo la educación superior como un servicio esencial que responde al interés general.
Sustituyendo a la normativa vigente desde 2013, la ley pretende aumentar los derechos de los estudiantes, proteger el sistema público universitario y consolidar su modelo de financiación. También busca estabilizar las carreras académicas, promover la internacionalización y la formación continua, facilitar el acceso a la vivienda estudiantil y reforzar la gobernanza y la transparencia en las instituciones educativas.
Entre las novedades, la ley amplía los derechos de los estudiantes al incluir la bonificación de matrículas, el derecho a la desconexión digital y la posibilidad de suspender temporalmente los estudios. También impulsa la movilidad estudiantil, destacando la importancia del programa Erasmus+.
Respecto al personal docente e investigador, así como al personal técnico, se promueve la estabilidad, el mérito y las garantías en la carrera profesional, flexibilizando la compatibilidad de actividades para fomentar la transferencia de conocimiento. Además, se reintroduce la figura del profesorado ayudante y se establece la obligatoriedad de un nivel B2 de idiomas para ciertos cargos.
En términos de gobernanza, las universidades obtendrán mayor autonomía en la planificación académica y de personal. Se regulará la coordinación autonómica mediante el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, además de establecer el Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía.
En lo que respecta a la financiación, la LUPA consolida el modelo de financiación de las universidades públicas, asegurando mecanismos de evaluación y control del gasto basado en indicadores de calidad. Introduce también la figura de un interventor para reforzar competencias de inspección, evaluación y sanción.
Finalmente, la nueva ley regula por primera vez los campus universitarios, asegurando que se doten de los recursos necesarios en términos de personal, infraestructura y servicios. También refuerza el papel de los Consejos Sociales, incrementando su transparencia y capacidad de recaudación de fondos a través de la creación del Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.
Fuente: Junta de Andalucía.
