La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado por unanimidad una ley de amnistía destinada a presos políticos de las crisis desde 2002 hasta 2025, como parte de lo que se describe como un «nuevo momento político» tras la captura de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional, defiende la medida como una vía hacia la convivencia pacífica, instando al cierre de la cárcel de El Helicoide. La normativa excluye violaciones graves de derechos humanos y otras acciones que afecten la soberanía nacional, en un intento de separar delitos políticos de crímenes graves. Sin embargo, organismos críticos y ONGs han mostrado escepticismo, señalando exclusiones significativas y temiendo que la ley no resuelva completamente la situación de 644 presos políticos, dejándolos en un «limbo legal». La aplicación de estas exclusiones determinará si esta amnistía significa un verdadero avance hacia la reconciliación o un ajuste de cuentas incompleto.
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