En un movimiento estratégico para aumentar la presión económica sobre el régimen de Nicolás Maduro, Donald Trump ordenó la incautación de un superpetrolero en el Caribe, parte de la «flota fantasma» utilizada por Maduro para eludir sanciones y exportar petróleo a países aliados como China y Rusia. Esta acción forma parte de una campaña más amplia para desestabilizar al gobierno venezolano, que depende en gran medida de sus vastos recursos petroleros, y facilitar una transición política que favorecería a empresas estadounidenses. En paralelo, China mantiene una presencia significativa en el sector petrolero de Venezuela a través de su empresa estatal CNPC, aunque de forma más discreta debido a las sanciones estadounidenses. La presión para cambiar el actual poder en Venezuela también proviene de figuras como Marco Rubio y la oposición liderada por María Corina Machado, quien aboga por abrir oportunidades económicas a Estados Unidos. La incautación del petrolero podría ser un preludio a acciones más extensas, en un intento por aislar al gobierno de Maduro y provocar un cambio interno.
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