El Plan de Inspección Universitaria de Andalucía para el año 2024, aprobado el pasado mes de junio, ya se encuentra en vigor y se orienta hacia los centros de enseñanzas universitarias que ofertan formación y expiden títulos conforme a sistemas educativos extranjeros. Así lo explicó el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en una reciente comisión parlamentaria. Según detalló Gómez Villamandos, estos centros «nunca hasta la fecha habían tenido un control de esta dimensión», con el que se pretende eliminar y corregir prácticas que pudieran ser constitutivas de infracción administrativa o sanción.
El consejero destacó que la labor inspectora ha comenzado con el Centro Marbella International University, que tiene un requerimiento abierto. Se ha establecido una primera toma de contacto, y los secretarios generales provinciales de las delegaciones territoriales de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, quienes son los encargados de ejecutar estas funciones, comenzarán en septiembre a recibir formación especializada.
Gómez Villamandos subrayó que «con este plan se está dotando a Andalucía de una nueva herramienta, prevista en la Ley, que nos va a ofrecer más seguridad jurídica como sociedad al establecer un control exhaustivo por parte de la Administración en el ámbito de la inspección universitaria». Este instrumento es el primero que se pone en marcha desde la Junta para llevar a cabo labores de control y seguimiento sobre el terreno.
Además, la orden que permite desarrollar dicho plan, y la que habilita a los secretarios generales provinciales de las delegaciones territoriales de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación para desempeñar estas funciones de inspección, dotan a Andalucía, por primera vez, de un marco básico de actuación. Asimismo, se asigna personal funcionario para velar por la legalidad y garantizar la calidad de la educación superior.
La labor inspectora, reconocida en la ley andaluza en materia universitaria desde 2013, no se había implementado hasta ahora. Según esta legislación, la inspección universitaria debe encargarse de vigilar que se cumplan los requisitos, condiciones y compromisos estipulados para reconocer nuevos proyectos universitarios, la creación de centros o su adscripción, y la impartición de enseñanzas, especialmente aquellas regidas por sistemas educativos extranjeros.
El Plan diseñado para 2024 prevé realizar una evaluación inicial para determinar la posible existencia de estas iniciativas. Tras este primer estudio, el personal encargado de la inspección realizará visitas in situ o requerimientos de documentación para comprobar que las entidades disponen de la autorización administrativa correspondiente y cumplen con las exigencias en cuanto a profesorado y personal docente, plan de estudios o emisión de títulos.
Los inspectores también velarán por que las enseñanzas universitarias estén efectivamente implantadas en la institución académica extranjera que expide el título, que los planes de estudios se correspondan con los de la universidad matriz, y que las titulaciones dispongan de la validez académica oficial o hayan sido sometidas a procesos de evaluación o acreditación por autoridades competentes.
Para acelerar el servicio de inspección, la Consejería de Universidad ha decidido atribuir estas funciones a los secretarios generales provinciales. Esta solución permite mayor agilidad y estará desempeñada por funcionarios del grupo A1, dependientes de la Consejería de Universidad, quienes tendrán la consideración de agentes de la autoridad. La potestad sancionadora recaerá, en todos los casos, en el propio titular de la Consejería de Universidad.
Fuente: Junta de Andalucía.
